Convencidos que la creación de una plaza bien cuidada podría cambiar la cara y la calidad de vida de todo un barrio, representantes de la Fundación Mi Parque, se reunieron con los vecinos de la unidad vecinal nº 19 de Recoleta para presentarles la segunda parte del proyecto de remodelación de las cuatro plazas que contempla el diseño de aquí a dos años.
Esto, a raíz del acuerdo judicial que firmó la empresa Cerecita S. A. con la Municipalidad de Recoleta que evitaba la continuidad del caso en contra de la firma, tras comprobarse que la empresa funcionaba al margen de lo legal y que no tenía permisos para funcionar en un barrio residencial.
El proyecto consiste en un sistema interconectado de aéreas verdes que llevará como nombre, parque Gabriel Palma y en la cual estarán unidas las plazas; Alfonso Ortega, José María Caro, Consistorial y San Rafael donde viven los vecinos de la junta vecinal Nº 19 de Recoleta, y quienes fueron los más afectados por el funcionamiento ilegal de la planta de pinturas.
Justamente, en esta última plaza se reunieron la tarde de este jueves los vecinos con los representantes de la firma, para ir diseñando y trazando la plaza que desean construir. La mayoría de los vecinos, entre ellos, Juan Carlos que vive hace más de 40 años en el sector solicitaron que el terreno tenga áreas verdes y juegos para los niños y niñas de la población.
“Estamos cansados que las plazas sean utilizadas por los jóvenes para consumir alcohol y drogas. Queremos volver a recuperar este espacio que nos pertenece a todos y por eso queremos algo que dure en el tiempo y que le sirva a la mayoría de los vecinos. Entre ellos juegos, máquinas de ejercicios y áreas verdes, espero que se pueda concretar el proyecto”, comentó el vecino.
Recordemos que en el mes de junio la empresa en cuestión, realizó una entrega de medicamentos para enfermedades respiratorias consistente en aerocámaras para adultos y niños, cánulas nasales y pediátricas. Como también máscaras, nebulizadores e inhaladores, entre otros implementos, para ser utilizados en todos los consultorios del municipio.
Con estas medidas la empresa en cuestión deberá invertir cerca de 2500 millones de pesos en un plazo máximo de 24 meses, para evitar la continuidad del juicio en su contra. Lo que si bien no repara del todo el daño causado a la población durante años, sin duda contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos perjudicados, dejando un precedente histórico nacional en el combate a la corrupción.
